Burocracia ampara a escoltas pirata
Cinco escoltas pasivos mientras el candidato priista Rodolfo Torre Cantú era blanco de ataque y un presunto sicario en el cinturón de seguridad del gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, evidencian las deficiencias en la selección de guardaespaldas en esferas de gobierno. Y cómo una mala elección puede conducir al cliente a la tumba.
“El servicio de escoltas no está regulado. El Estado Mayor Presidencial, responsable de proteger a Felipe Calderón, es el único aparato de seguridad personal, con figura jurídica y un servicio profesional y militar. Pero cada gobernador, alcalde o legislador designa un jefe de seguridad que recluta su convoy privado”, explica Carlos Mendoza, del Instituto Ciudadano de Estudios sobre Inseguridad (ICESI).
Contratar a un guardaespaldas, al margen de una oficina de Recursos Humanos que integre expedientes del personal, es meter al enemigo en casa. Por eso, antes de contratar un servicio de seguridad privada, el cliente debería verificar los documentos que avalan la identidad del escolta: papeles oficiales, exámenes sicológicos y médicos, pruebas sicométricas y resultados del detector de mentiras, el antidoping y de la investigación de antecedentes no penales.
El candidato al gobierno de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, contrató a sus cinco escoltas, pero hasta después de ser asesinado por treinta impactos de bala, en una emboscada, comenzaron las investigaciones sobre su equipo de seguridad, integradas en la averiguación previa PGR/DC-CAP/ZC-IV/093/2010, publicó Excélsior el 8 de julio.
Está comprobado que hasta en 45 por ciento de los secuestros, el chofer de la familia y/o elemento de seguridad privada están implicados como informantes o perpetradores. Cleominio Zoreda y Ricardo Pacheco, senadores del PRI, proporcionan esta referencia en su iniciativa para agregar una fracción al Código Penal, que pretende sancionar a miembros de los cuerpos de seguridad pública o privada que, estando o no en servicio, atenten contra el patrimonio y la integridad de una persona.
“Para evitar la traición de un guardaespaldas, mínimo cada seis meses deben someterse a pruebas de confianza como el polígrafo o un análisis de estrés de voz,” advierte Mario Falcone, instructor de la empresa de entrenamiento de escoltas Falcone’s System International.
A falta de confianza
Especialistas en la materia calculan que ocho de cada diez escoltas operan sin registro. Si carecen de una empresa legal que los certifique, menos habrá una figura que los obligue a someterse a controles de confianza.
La Secretaría de Seguridad Pública federal, dependencia encargada de expedir el permiso a las compañías de seguridad privada que desempeñan actividades en dos o más entidades, sólo tiene un registro de 680, en promedio, que operan dentro de los estándares legales. “Mientras, las empresas ilegales son más de siete mil”, compara Armando Nava, secretario general del Consejo Nacional de Seguridad Privada.
El detonante que ha llevado a la seguridad privada a la informalidad es la misma burocracia que intenta regularla, concuerdan los especialistas.
Si una compañía se dispusiera a operar en 31 entidades, un requisito sería dejar una fianza de casi 30 millones de pesos, repartidos por todo el país, y pagar hasta medio millón de pesos en 21 trámites burocráticos.
Esto sólo ejemplifica una estación del Via Crucis que deben atravesar las empresas de seguridad privada si pretenden ser legales. Una contradicción, cuando supuestamente el gobierno ha modificado la legislación desde 1995 para facilitar su control.
Para solicitar un permiso ante la SSP federal, la compañía debe desembolsar 12 mil 530 pesos por el derecho de trámite. Luego, cumplir con 21 requisitos establecidos en la Ley Federal de Seguridad Privada. Una vez cumplido lo anterior, deberá entregar la póliza de una fianza en favor de la Tesorería de la Federación, equivalente a cinco mil veces el salario mínimo, es decir, 287 mil 300 pesos que se dejan en prenda para pagar en automático la multa que corresponda por si el personal comete alguna infracción. Sin embargo, para que una afianzadora expida la póliza, la compañía debe cumplir con una garantía de tres veces el valor del monto solicitado, lo que suma: 861 mil 900 pesos.
Si la licencia es autorizada, hay que pagar tres mil 759 pesos más para la expedición del permiso. Esto significa que cada año la empresa tendrá que desembolsar 16 mil 289 pesos por el trámite ante la SSP federal, porque el permiso tiene que renovarse anualmente.
Hasta aquí, el trámite parece fluir. Lo complicado viene una vez que el particular obtuvo la licencia federal, porque la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública le exigirá, además, cumplir con la regulación de cada una de las entidades en que opere, entre ellos, pagar la respectiva fianza.
Lo peor es que cada estado impone requisitos que se contradicen entre sí, pues son libres para establecer condiciones sobre cómo pretenden que las compañías rotulen sus logotipos o confeccionen sus uniformes.
Para respetar la ley al pie de la letra, en un recorrido de Tijuana a Chiapas, un escolta privado tendría que llevar consigo un sastre para que le diseñara un uniforme con las características que exige cada estado y contratar a un rotulador que modificara el logotipo de su vehículo cada vez que cruzara los límites estatales.
Aunque el Senado se percató de estas inconsistencias en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y aprobó una iniciativa de reforma para que las compañías, cuando operan en dos o más entidades, sólo se sujeten a la SSP federal, falta la discusión en la Cámara de Diputados.
Sin permiso para defenderse
Cuando alguien piensa en seguridad personal, luego de imaginar a su lado a un escolta robusto, bien vestido y mal encarado, viene el estereotipo del arma que utilizará para defenderlo. El problema es conseguir el permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para portarla.
Según una fuente oficial de seguridad pública, desde hace dos años ningún escolta ha obtenido una licencia. Es más, el permiso se le negó incluso a Julio César García, presidente de la Sociedad Mexicana de Guardaespaldas, a pesar de haber trabajado durante nueve años en la Policía Auxiliar capitalina.
“La Sedena me dijo que había cumplido con todos los requisitos, pero tenían la facultad de ejercer el inciso “a su criterio” para otorgármelo, y sucedió que no”, cuenta Julio. Asegura que a través del portal de su organización le llegan decenas de escoltas privados que, como él, intentaron obtener una licencia y se las negaron.
En menos de una semana surgieron en la agenda pública dos hechos: la pasividad de los escoltas de Torre Cantú y los antecedentes penales del escolta del gobernador Hernández, lo que evidencia los vacíos que el gobierno tiene en materia de seguridad privada.
Fuente: noticiasenlinea.com
